Proponen en el Congreso de BCS tipificar el "delito contra la gestión ambiental"

LA PAZ, BCS. – El marco legal para la protección ambiental en Baja California Sur podría endurecerse significativamente. El Congreso del Estado ha recibido una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y crear la figura del "delito contra la gestión ambiental", una medida que busca castigar con cárcel a los servidores públicos que otorguen permisos ilegales que deriven en daños a los ecosistemas. La propuesta fue formalmente presentada ante el pleno y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio.

La iniciativa, impulsada por la diputada Gabriela Montoya, argumenta que la legislación actual es insuficiente, ya que se centra en sancionar a quien ejecuta el daño, pero a menudo deja sin castigo a los funcionarios que lo permitieron. El nuevo tipo penal se enfocaría en la responsabilidad del servidor público que, por acción, omisión, negligencia o colusión, autorice proyectos inmobiliarios, turísticos o de cualquier índole en zonas protegidas o en contravención de los planes de ordenamiento ecológico.

De acuerdo con el texto de la propuesta, las penas para este nuevo delito serían de dos a diez años de prisión, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos y multas económicas. Se busca que la sanción sea un disuasivo real contra la corrupción en las áreas de desarrollo urbano, ecología y catastro de los ayuntamientos y del gobierno estatal, donde se toman las decisiones críticas sobre el uso del suelo.

En la exposición de motivos, la legisladora citó ejemplos de daños ambientales ocurridos en el pasado en zonas de dunas y manglares del estado, que contaban con permisos aparentemente legales pero que violaban normativas superiores. "Es hora de que la responsabilidad alcance a quien firma el papel, a quien desde un escritorio autoriza la devastación de nuestro patrimonio natural a cambio de intereses particulares", sentenció Montoya durante su intervención en la tribuna.

La propuesta ha generado reacciones positivas entre grupos ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes la consideran un paso necesario para garantizar la conservación del frágil equilibrio ecológico de la península. Se espera que en las próximas semanas se realicen foros de consulta con expertos y con la sociedad para enriquecer la iniciativa antes de que sea votada por el pleno del Congreso.