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BCS es identificado como uno de los estados con mayor déficit de vivienda asequible, una situación que, impulsada por el boom turístico, genera una necesidad inmediata de miles de unidades habitacionales. Este rezago se presenta como una gran oportunidad de inversión para desarrolladores que busquen estabilidad y rentabilidad en proyectos de vivienda social y media, con demanda garantizada por la fuerza laboral del sector servicios.

La SEDATU, en coordinación con el Gobierno del Estado, invertirá más de 45 millones de pesos en La Paz como parte del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Los fondos se destinarán a cinco proyectos clave, incluyendo la modernización del Malecón, el refuerzo del alumbrado público en corredores turísticos y la instalación de postes de seguridad conectados al C4.

El gobierno de BCS, a través de SEDATUM e INVI, se reunirá la próxima semana para definir nuevos polígonos de desarrollo prioritario. El objetivo es crear reservas territoriales para construir vivienda social, atendiendo el rezago en zonas de alta demanda como Los Cabos y La Paz. Este plan, coordinado con el gobierno federal, busca planificar un crecimiento ordenado con todos los servicios.

La sostenibilidad se ha convertido en un eje indispensable para el desarrollo de cualquier proyecto turístico o inmobiliario en México.

El debate sobre la relación entre desarrollo y medio ambiente se ha vuelto cada vez más relevante. La llegada de nuevos proyectos inmobiliarios suele despertar inquietudes legítimas: ¿cómo se protege la biodiversidad?, ¿qué se hace con los residuos?, ¿de qué manera se mitiga la erosión y la escorrentía que pueden afectar terrenos y cuerpos de agua? La experiencia reciente en distintos desarrollos demuestra que es posible responder a estas preguntas con acciones concretas. Más

Análisis del mercado inmobiliario en Los Cabos, que enfrenta una desaceleración en ventas de lujo mientras la crisis de vivienda para trabajadores locales se intensifica.

Una nueva iniciativa en el Congreso de Baja California Sur busca crear el "delito contra la gestión ambiental" para sancionar penalmente a funcionarios que otorguen permisos ilegales que causen daño al medio ambiente.