Intereses extranjeros en México: entre el apoyo legítimo y la influencia política
- Redacción
- 13 nov
- 5 Min. de lectura
La creciente influencia de capital extranjero en la vida política local
A lo largo de la última década, México ha sido escenario de diversas formas de participación de actores extranjeros en su esfera pública. Desde corporaciones que financian proyectos estratégicos hasta fundaciones que impulsan movimientos sociales, el debate sobre la injerencia extranjera ha cobrado nueva fuerza.
En el caso de Baja California Sur, este tema ha ganado relevancia debido al protagonismo de la organización ambiental ¿Cómo Vamos La Paz?, respaldada económica y operativamente por Christy Walton, heredera del fundador de Walmart.
De acuerdo con múltiples medios locales, este grupo ciudadano ha pasado de promover causas ambientales a buscar convertirse en un partido político local, lo que ha generado preocupación entre sectores sociales y ejidatarios que denuncian intentos de influencia en la toma de decisiones públicas.
Un proyecto filantrópico con capital extranjero
Según información publicada por Diario El Independiente en noviembre de 2016, la organización Cómo Vamos La Paz, A.C. recibió 337 mil 500 dólares en 2015 por parte de la International Community Foundation (ICF), una fundación con sede en California estrechamente vinculada a Christy Walton.
El mismo medio documentó que dicha fundación —que opera también proyectos como el Rancho Cacachilas— ha estado involucrada en actividades relacionadas con permisos de agua, proyectos turísticos y concesiones de tierra en el sur de La Paz, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
De acuerdo con la nota, varios actores locales han expresado preocupación porque el flujo de recursos provenientes del extranjero no se limita a actividades filantrópicas, sino que podría tener incidencia en decisiones territoriales y de desarrollo urbano en la región.
Denuncias y quejas de ejidatarios por presiones y amenazas
En enero de 2024, el medio MetrópoliMx reportó que ejidatarios del municipio de La Paz denunciaron presiones por parte de la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para aprobar el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) impulsado por la organización Cómo Vamos La Paz.
El comisariado ejidal de El Triunfo, Miguel Amador Avilés, declaró al citado medio que “los tres niveles de gobierno están acechando a los ejidatarios para que avalen el plan urbano”, advirtiendo que, de no hacerlo, sus tierras podrían ser declaradas Área Natural Protegida, lo cual limitaría el uso y aprovechamiento de sus predios.
MetrópoliMx documentó además que los pobladores consideran que el PDU —respaldado por Cómo Vamos La Paz y actores empresariales asociados a Christy Walton— busca rediseñar el ordenamiento territorial del municipio con criterios ajenos a las necesidades locales, en beneficio de intereses privados disfrazados de causas ambientales.
De acuerdo con el semanario ZETA Tijuana (julio de 2024), ejidatarios y representantes comunitarios también denunciaron irregularidades en el proceso de consulta pública del Programa de Desarrollo Urbano de La Paz, señalando que las autoridades municipales habrían ignorado observaciones y objeciones presentadas por los propios núcleos agrarios.
El medio reportó que varios de los asistentes acusaron que detrás del nuevo PDU “se encuentran intereses ajenos a la comunidad”, refiriéndose a organizaciones y fundaciones vinculadas a capital extranjero.
Estas declaraciones coincidieron con las protestas documentadas en agosto del mismo año por BCS Noticias y MetrópoliMx, donde los ejidatarios reclamaron que el plan urbano favorece a grupos con poder económico ligados a la empresaria Christy Walton y su organización ¿Cómo Vamos La Paz?
En la misma línea, Índice Político (abril de 2025) publicó un reportaje donde ciudadanos y ejidatarios de Baja California Sur denunciaron “presiones y sesgos” en los proyectos impulsados por ONG vinculadas a capital extranjero. El texto advierte que Cómo Vamos La Paz habría intentado influir en políticas públicas locales bajo la bandera del ambientalismo, pero con un trasfondo de control territorial y político.
Acusaciones por control de recursos naturales y cierre de accesos públicos
Otra investigación publicada por MetrópoliMx en agosto de 2024 reveló que Christy Walton “se habría adueñado de la presa de la Buena Mujer”, ubicada en las cercanías de La Paz. De acuerdo con las denuncias ciudadanas recogidas por ese medio, se habría instalado un portón metálico que impide el libre tránsito hacia la presa, restringiendo el acceso público a una zona de uso tradicional por habitantes locales.
El reportaje señala que este cierre estaría vinculado a las operaciones del Rancho Cacachilas, propiedad de Walton, y a un proyecto de extracción de agua para uso privado, presuntamente destinado al abastecimiento de desarrollos turísticos y residenciales. Estos hechos han sido señalados como un ejemplo de acaparamiento de recursos naturales bajo el argumento de conservación ambiental, lo que ha desatado manifestaciones de pobladores y organizaciones locales.
De organización civil a partido político local
El 1 de septiembre de 2025, Peninsular Digital reportó que Christy Walton inició formalmente el proceso para convertir la organización Cómo Vamos La Paz en un partido político local. Según la nota, se llevaron a cabo asambleas distritales en los municipios de La Paz, Mulegé, Loreto y Comondú, con el objetivo de obtener el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2027.
El medio destacó que este movimiento “representa la entrada directa de un actor extranjero al terreno político sudcaliforniano”, lo que ha generado un amplio debate sobre los límites legales y éticos de la participación extranjera en la política mexicana.
Sectores sociales y medios locales han advertido que, de consolidarse este proyecto político, se abriría un precedente en el que capital extranjero podría intervenir directamente en decisiones gubernamentales locales, algo expresamente prohibido por el Artículo 33 de la Constitución mexicana, que restringe a los extranjeros toda participación en asuntos políticos del país.
Un patrón que reaviva el debate sobre la soberanía
Los casos documentados en Baja California Sur se suman a una tendencia más amplia de presencia de intereses extranjeros en la esfera pública mexicana. Como ha señalado Índice Político, “detrás del ambientalismo y del discurso de la conservación pueden existir estructuras de poder transnacional” que buscan moldear las decisiones locales bajo criterios empresariales o geopolíticos.
La combinación de financiamiento extranjero, presión a comunidades rurales y proyectos con implicaciones territoriales ha despertado alarma entre sectores ciudadanos que reclaman transparencia y rendición de cuentas.
El caso de Cómo Vamos La Paz y Christy Walton plantea un debate de fondo sobre los límites de la cooperación internacional en México. Lo que inició como un proyecto ambiental financiado por capital extranjero ha derivado en una presencia activa en la política local, con denuncias por presiones, control de recursos y una intención explícita de constituirse en partido.
De acuerdo con los testimonios publicados por medios locales como MetrópoliMx, Índice Político y Peninsular Digital, la preocupación principal no es el financiamiento en sí, sino la influencia que actores externos pueden ejercer sobre decisiones soberanas.
México ha enfrentado históricamente el reto de equilibrar la apertura internacional con la defensa de su autodeterminación. Casos como este reavivan la pregunta central: ¿hasta dónde la filantropía extranjera puede llegar antes de convertirse en poder político?
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