Gobierno de BCS prepara reforma para fortalecer justicia ambiental y participación ciudadana
- Redacción
- 14 may
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El proceso de consulta continuará durante mayo en Los Cabos, Comondú y Mulegé, con la intención de presentar la iniciativa ante el pleno del Congreso a finales de junio.
El Gobierno de Baja California Sur ha iniciado el proceso de consulta para una reforma legislativa que busca fortalecer la justicia ambiental en el estado y ampliar los mecanismos de participación ciudadana en temas relacionados con el uso del suelo, conservación de ecosistemas y evaluación de proyectos con impacto ambiental.
La propuesta, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de BCS en coordinación con el Congreso del Estado, contempla tres ejes fundamentales:
Reconocimiento legal de derechos ambientales colectivos,
Creación de tribunales especializados en justicia ecológica, y
Ampliación del derecho a consulta previa y vinculante para comunidades afectadas.
Durante el primer foro de consulta pública, realizado en La Paz, la secretaria del ramo, Mariana Ramírez, subrayó que
“Baja California Sur enfrenta presiones crecientes sobre sus ecosistemas, desde desarrollos turísticos hasta actividades extractivas. Es momento de dar a las y los ciudadanos herramientas legales para proteger lo que es de todos”.
Organizaciones civiles como CEMDA, Niparajá y AguaVale celebraron la iniciativa, aunque exigieron que se garantice la autonomía del órgano jurisdiccional que se propone, así como mecanismos accesibles de denuncia, incluso sin representación legal.
"La justicia ambiental no puede depender solo de la voluntad política, debe estar respaldada por instituciones sólidas", dijo el abogado ambientalista Jorge Urban.
La reforma también incluye disposiciones para reforzar la transparencia en la autorización de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) y sanciones más estrictas para quienes destruyan o alteren ecosistemas protegidos, como manglares y dunas costeras.
El proceso de consulta continuará durante mayo en Los Cabos, Comondú y Mulegé, con la intención de presentar la iniciativa ante el pleno del Congreso a finales de junio.
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