Gobernador Víctor Castro encabeza reunión de seguimiento sobre justicia cívica en Baja California Sur
- Redacción
- 2 oct
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El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, junto con la Mesa Estatal de Paz y Seguridad, alcaldes de los cinco municipios de Baja California Sur y autoridades federales, encabezó una reunión de seguimiento con la Subsecretaría de Mesas de Paz, Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.
El objetivo principal fue avanzar en la instalación formal de los Consejos de Paz y Justicia Cívica en la entidad.
Consolidación de la justicia cívica en Baja California Sur
Durante el encuentro, se capacitó a los futuros Secretarios Técnicos de los Consejos de Paz y Justicia Cívica municipales, así como a los enlaces jurídicos, fortaleciendo la estrategia estatal para consolidar una cultura de paz y convivencia armónica.
Avances en la coordinación con la Secretaría de Gobernación
En cumplimiento de los acuerdos con la Secretaría de Gobernación (Segob), la subsecretaria Rocío Bárcena Molina acompañó la reunión para definir la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica en octubre, con la participación de los tres órdenes de gobierno y las alcaldías sudcalifornianas.
Propuesta de Ley de Justicia Cívica en Baja California Sur
El diputado Sergio Polanco Salaices (Morena) presentó en el Congreso local una iniciativa de Ley de Justicia Cívica para el Estado y Municipios de Baja California Sur, cuyo propósito es priorizar la prevención y la mediación sobre la sanción, colocando a la persona y la familia en el centro de la política pública.
Igualdad de género como eje transversal
La propuesta legislativa reconoce la violencia contra la mujer como uno de los principales problemas que afectan la convivencia social. Por ello, plantea como ejes transversales la igualdad de género y la no discriminación, además de fomentar la coordinación con instituciones como los Centros de Justicia para las Mujeres.
Justicia cívica como instrumento preventivo
La iniciativa busca transformar la justicia cívica en un mecanismo preventivo, pedagógico y de protección de los derechos humanos, alejándola de un carácter meramente sancionador. La propuesta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública para su análisis.
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